ContraPunto | Agencias
05 de octubre de 2020, CDMX. – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezada por Santiago Nieto Castillo, informó que se prepara una guía anticorrupción para identificar actos de sobornos y corrupción de políticos, además de operaciones con recursos obtenidos por actos de sobornos y corrupción.
De esta manera, casinos, inmobiliarias, joyerías, empresas de blindaje, distribuidoras de autos y activos virtuales entre otras actividades vulnerables al lavado de dinero, contarán con una guía para poder identificar a sus clientes y detectar al beneficiario final o si se trata de un político relevante.
La dependencia dijo que esta nueva pauta tiene el propósito de detectar si presentan un mayor riesgo potencial de participación en actos de sobornos y corrupción los sujetos obligados a la ley antilavado.
La guía emitida por la UIF de la SHCP está regida tal como lo establece la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Con esta guía las actividades vulnerables que están sujetas a cumplir la ley antilavado, contarán con herramientas de organismos internacionales para evaluar los riesgos, la debida identificación del beneficiario final y de las personas políticamente expuestas.
La UIF expone que la herramienta les ayudará a realizar su trabajo en la evaluación de riesgos y reportar cualquier movimiento en los avisos que deben entregar a la UIF a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En ella, agrega la UIF, se enlistan de manera enunciativa, más no limitativa, algunos factores de riesgo y mitigantes en materia de corrupción relacionados con los personajes del mundo de la política, sus familiares y otras personas que tengan alguna conexión con ellos.
“A través de ella se pretende dotar a los sujetos obligados de diversas herramientas que, a nivel internacional han establecido los organismos intergubernamentales, como la debida identificación del cliente, beneficiario final y persona políticamente expuesta, así como la realización de una evaluación del riesgo”, indicó la UIF en una nota informativa.