ContraPunto | Norma Ruth Ramírez Plascencia
23 de julio de 2020, Piedras Negras. – El abogado especializado en el área laboral, Tadeo Vargas, dio a conocer que se ha incrementado el número de trabajadores que son despedidos a consecuencia de los efectos de la pandemia.
“La crisis económica está afectando a los trabajadores por el cierre de negocios o bien por estar dentro del grupo de población vulnerable, sin embargo, se agrega otro factor las personas que dieron positivo al Covid-19 y se recuperaron, pero al regresar a su trabajo son despedidos”, explicó.
Esta situación se había contemplado meses anteriores, al inicio de esta pandemia en el país, en esta ciudad y de manera global, pero se tiene que recordar que el trabajador tiene derechos.
El especialista hizo énfasis en la no justificación del despido, sin recibir lo que la ley contempla al momento de finiquitar a un trabajador.
“El trabajador debe de entender el tener una enfermedad crónico degenerativa no es una razón para que los liquiden, pero en caso de ser por tal motivo se tiene derecho de 90 días de indemnización constitucional a la prima de antigüedad que corresponde por 12 días por año trabajado, así como las proporcionales de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional”, destacó.
Vargas dijo que perder el trabajo no voluntario requiere de contar con una asesoría, ya sea con un abogado de confianza o bien en la Procuraduría del Trabajo y Previsión Social Junta de Conciliación y arbitraje. Las dependencias en cuestión están en estos momentos en un periodo vacacional, pero que regresarán la primera semana de agosto.
Cabe mencionar que en el caso del trabajador sea dado de baja de su empleo, tiene un plazo de gracia, en donde puede cerciorarse de que lo conforme a la liquidación sea lo correcto antes de firmar cualquier documento, por lo que el esperar la reactivación de las dependencias antes mencionadas es una excelente opción para ejercer algo justo.
Además, en el caso que el Patrón no pueda liquidar en una sola exhibición, es totalmente legal llegar a un acuerdo de pagos en plazos determinados en la Junta de Conciliación en donde se firma el compromiso de pagar en tiempo y forma.
