El extitular de la Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL de Sinaloa Raúl Carrillo tomó la decisión de renunciar a su cargo para que la investigación sobre la compra de colchones contaminados siga en marcha con total transparencia.
Agencias
20 de octubre de 2018, Sinaloa.- El Gobierno del Estado de Sinaloa recibió la renuncia, de carácter irrevocable, de Raúl Carrillo Castaños como titular de la Secretaría de Desarrollo Social.
En su documento de dimisión presentado ante el Despacho del Ejecutivo, Carrillo expresa que su decisión obedece a una determinación personal, para demostrar que no tiene nada que ocultar, siendo el principal interesado en que este indignante caso se resuelva lo antes posible.
Carlos Baltazar, funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social, quien es señalado como el encargado de la compra y de la distribución de colchones contaminados que se entregaron a los damnificados por la depresión 19-E, obtuvo la libertad provisional al solicitar este viernes la duplicidad del término por 144 horas para recabar pruebas y tratar de demostrar su inocencia en los delitos de peculado y negociaciones ilícitas por los que la Fiscalía General lo detuvo el jueves y lo puso a disposición de un juez de control y enjuiciamiento penal.
Durante la audiencia de iniciación, la parte acusadora explicó que el imputado está presuntamente implicado en un daño al patrimonio al Gobierno del Estado por la suma de 2 millones 970 mil pesos, esto por la presumible compra irregular y sobreprecio de colchones que el funcionario habría hecho a dos vendedores con domicilio en Guadalajara, uno identificado como Francisco Benjamín N.; el otro como Grupo El Mariachi SRP de RI, el primero de los vendedores fue identificado por la Fiscalía como amigo del imputado.
Previo a la solicitud de vinculación a proceso, los abogados de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmaron tener pruebas documentales de las transferencias irregulares realizadas por el servidor público a vendedores que no forman parte del padrón de proveedores del Gobierno del Estado ni cuentan con registros de vendedores de colchones.
De las dos compras realizadas a Francisco Benjamín N., aseguran que una de ellas fue por la suma de un millón 350 mil pesos, cuya transferencia se realizó el pasado 5 de octubre; y una más a este mismo proveedor por 270 mil pesos, efectuada el 15 de octubre, para un total de un millón 620 mil pesos, incluso señalan que esta compra no tiene soporte, pues no existe factura. También revelaron una tercera compra al proveedor identificado como Grupo Mariachi SRP de RI, también por un millón 350 mil pesos, la cual se realizó el 5 de octubre.
La parte acusadora, integrada por representantes de la Fiscalía General, de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, así como de un representante legal del Gobierno del Estado, confirmó en la audiencia que la demanda por los presuntos delitos de peculado y negociaciones ilícitas, que fue interpuesta por el entonces titular de Sedesol, Raúl Carrillo Castaños, quien ayer por la tarde, después de esta primera audiencia, presentó su renuncia al cargo.
Tras la exposición de pruebas, la Fiscalía aseguró contar con suficientes elementos para formular la acusación por los presuntos delitos de peculado, incluso, afirmó que el funcionario habría incurrido en dolo por la compra de los colchones en mal estado, a sabiendas de la contingencia.
En la exposición de los datos de prueba, la defensa social hizo referencia a la contingencia por las inundaciones provocadas por la depresión tropical 19-E, y confirmó que, derivado de esa catástrofe, la Secretaría de Desarrollo Social recibió recursos por el orden de los 25 millones 920 mil pesos, recurso que habría de ejercer Carlos Baltazar N. para ayudar a los damnificados, pues afirman que era el único autorizado para la contratación de proveedores, la realización de pagos y las transferencias, así como la distribución de los apoyos.
Los abogados de la Fiscalía afirmaron que entre sus pruebas testimoniales tiene la versión de Morayma, funcionaria de la Secretaría de Economía, a quien identificaron como la encargada de contactar a proveedores durante la contingencia, y quien les habría confirmado la compra de colchones en dos conocidas tiendas locales, pero que, ante la escasez, Carlos N. se propuso en una reunión buscar proveedores fuera del estado. Incluso, argumentan que el imputado aseguró tener un proveedor que cumplía con las condiciones de calidad.
Durante la solicitud de vinculación a proceso, los representantes de la parte acusadora se refirieron a la molestia de la ciudadanía y argumentaron que la compra irregular y la repartición de colchones en mal estado puso en riesgo la salud de la ciudadanía, además de afectar el patrimonio del Gobierno del Estado, por lo que se solicitó la vinculación a proceso.
Sin embargo, la defensa solicitó la duplicidad del término por 144 horas para recabar las pruebas suficientes que ayuden en la defensa del imputado y dijo que esperaría la solicitud de medidas cautelares por parte de la Fiscalía.
Y aunque la defensa social intentó que el juez impusiera como medidas cautelares la prisión preventiva para evitar la evasión del imputado,así como la pena máxima por el delito que se le acusa a Carlos Baltazar N. podría alcanzar los quince años de prisión e inhabilitación hasta por veinte años, el juez de control Juan Luis Quiñónez explicó que no procedía porque con ello se estaría prejuzgando y violentando la presunción de inocencia.
Los acusadores dijeron que el hecho de que el funcionario estuviera fuera de la ciudad desde que explotó el problema por la mala calidad de los colchones, así como la penalidad que podría alcanzar eran motivos suficientes para pensar en su probable evasión, la defensa argumentó que su defendido en ningún momento estuvo huyendo, que incluso el día de su detención él regresaba de Guadalajara, a donde había acudido a buscar al proveedor para intentar solucionar el problema, y que incluso había informado de este viaje, así como de su regreso al secretario de Desarrollo Social, Raúl Carrillo.
“Voy a resolver el problema con el proveedor, tengo demasiada presión encima, pero esto se va a solucionar”, afirma la defensa que habría comunicado en un mensaje telefónico Carlos Baltazar a Raúl Carrillo.
La única medida cautelar que fijó luego de otorgarle a Carlos Baltazar la libertad provisional fue la solicitud de que el funcionario no abandone el estado de Sinaloa mientras se lleva a cabo el juicio.
El juez aclaró a la Fiscalía que los argumentos expuestos sobre el presunto daño a la ciudadanía por las condiciones insalubres de los colchones, así como las molestias que esto generó, no son materia para los delitos de peculado y negociaciones ilícitas que se le imputan a Carlos Baltazar, por lo que les dijo que no serán materia de este juicio, la siguiente audiencia será el 23 de octubre.
Aunque a su salida Carlos Baltazar fue abordado por los medios, no dijo una sola palabra, en todo momento se mantuvo serio, tal como se mantuvo durante la audiencia en la que fue acompañado por sus padres y demás familiares.
