ContraPunto
10 de diciembre de 2018, Ciudad de México.- Andres Manuel López Obrador prometió en su campaña gobernar con austeridad y acabar con los elevados sueldos y privilegios de funcionarios públicos por lo que el mandatario recortó su propio salario.
Impulsada por legisladores de Morena, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos estipula que ningún funcionario puede tener un sueldo mayor que el presidente.
En un hecho inédito, mil 410 magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación se pronunciaron este lunes por defender su independencia y reiteraron que es falso que alguien gane 600 mil pesos mensuales.
En conferencia matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo su gobierno decidió promover la reducción de los salarios de los altos funcionarios públicos, “porque son salarios exagerados y ofensivos, y llegan a reunir hasta 600 mil pesos mensuales”.
Luis Vega Ramírez, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Distrito, dijo este lunes que se quiere promocionar un falso discurso de que son unos abusivos que ganan cantidades mayores a los 600 mil pesos.
“Se ha querido posicionar un falso discurso de que somos privilegiados y que vivimos del abuso del erario público, señalando cantidades excesivas, como que percibimos más de 600 mil pesos que no corresponden ni cercanamente a la realidad”.
El magistrado Vargas Ramírez leyó en las escalinatas del Palacio de Justicia Federal, de frente a la Cámara de Diputados, el mismo mensaje que se leyó simultáneamente en 30 sedes del Poder Judicial de la Federación en el país.
Los juzgadores, integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, dijeron que la atribución de falso privilegio y altos salarios a miembros del Poder Judicial, se ha hecho para centralizar como foco de atención un mero asunto de salarios.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió el viernes la aplicación de la ley que reduce los salarios de los empleados del Gobierno.
El titular del Ejecutivo indicó este lunes que respetará la decisión de ministros y jueces; sin embargo, dijo que la facultad de aprobar el presupuesto del Poder Judicial es de la Cámara de Diputados.
Según lo publicado en el DOF, quien más gana en el Poder Judicial de la Federación es un ministro de la Suprema Corte, con un salario bruto mensual de entre 159 mil 282 y 269 mil 215 pesos mensuales.
Sin embargo, los ministros tienen prestaciones como aguinaldo por entre 303 y 444 mil pesos; y una prima de riesgo de entre 523 y 554 mil pesos al año.
Es decir, que un ministro estaría ganando entre 228 mil y 352 mil pesos mensuales, contando salario y prestaciones.
En tanto, Vega Ramírez también señaló que con la rotación constante de juzgadores y la designación de consejeros buscan controlar al Poder Judicial y vulnerar el Estado de derecho.
“Lo que se requiere no es el enfrentamiento, ni los señalamientos, lo que proponemos es el dialogo, la coordinación y el entendiendo entre poderes”.
En octubre, la bancada de Morena en el Senado planteo que todos los jueces o magistrados de circuito deberán rotarse cada seis años de su adscripción geográfica, con la finalidad de evitar la corrupción, el nepotismo y cotos de poder que mantienen en crisis al Poder Judicial.
Los jueces y magistrados advirtieron que también la inamovilidad y la certeza en las adscripciones, son también requisitos reconocidos internacionalmente para hacer efectiva esa independencia.
“La independencia no es un manto de impunidad, es el derecho humano que cada mexicano tiene para que un juez federal lo defienda de los abusos de las autoridades. Porque no puede llamarse democrático un país en donde no haya contrapeso de Poderes”, agregaron.
Dijeron que estas medidas se dirigen de manera frontal y sistemática a establecer “mecanismos para facilitar la intromisión indebida en contra de la judicatura por parte los otros Poderes de la Unión, lo que es injustificable a la luz del principio de la división de poderes”.
“El juzgador debe ser silencioso y prudente en su vida pública. Sin embargo, estamos hoy aquí, de manera inédita, refrendando nuestro compromiso con la Ley y la Constitución, ejerciendo nuestros derechos, todo dentro de los causes de la legalidad”, apuntaron.
Recordaron que han tramitado amparos como parte de la “amplia defensa” que han emprendido contra de lo que consideran “un conjunto de acciones sistemáticas e intentos legislativos que buscan la injerencia en la vida interna del Poder Judicial de la Federación”, pese a que éste ha sido dotado por la Constitución de mecanismos de autoregulación.