ContraPunto
21 de febrero de 2019, Ciudad de México.- Como parte del caso conocido como “Estafa Maestra” fue necesaria la falsificación de firmas de cinco funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), lo que habría permitido desviar en el año 2016 unos 600 millones de pesos en convenios con universidades.
De acuerdo al diario Reforma, fueron falsificadas las firmas de José Antolino Orozco, titular de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de Sedatu; de Armando Saldaña, director General de Ordenamiento Territorial; de Enrique González Tiburcio, subsecretario de Ordenamiento Territorial; de Juan Manuel López Arroyo, coordinador de asesores del Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda y de Javier Arrambide, director de Operación de Programas de Delegaciones.
La firma de Antolino Orozco fue utilizada en dos convenios con la Universidad Politécnica de Chiapas por 206 millones de pesos; la de Armando Saldaña, en un convenio que presuntamente firmó con la Universidad Politécnica de Hidalgo “Francisco I. Madero” por 187 millones de pesos; la de González Tiburcio la usaron también en un convenio con la universidad hidalguense por 185.8 millones de pesos; la de López Arroyo fue falsificada en ampliaciones de convenios con una universidad de Comalcalco y la de Javier Arrambide en convenios con una universidad de Quintana Roo de los que no se especificaron los montos.
Los casos de González Tiburcio y Armando Saldaña sí fueron consignados tras investigaciones de la Procuraduría General de la República (actual Fiscalía). En julio de 2017, Tiburcio denunció la falsificación de su firma primero ante el Órgano Interno de Control de Sedatu y luego ante la PGR, pero la Procuraduría lo imputó por “falsedad en declaraciones” y en enero pasado fue procesado por el juez Orlando Iñiguez.
A la fecha, Tiburcio ha sostenido con pruebas grafológicas que la firma no es suya y ya ha apelado su juicio.
Saldaña quien también había sido imputado, logró demostrar que la rúbrica era fraudulenta. Incluso desde marzo de 2018, según la Auditoría 196, elaborada por la ASF, sobre el convenio por 185.8 millones de pesos se aseguró que el funcionario “manifestó que no reconocía como suyas las firmas que obran en el mismo, que jamás solicitó la prestación de los servicios, que nunca ha tenido contacto ni conoce a persona alguna de la universidad y que no solicitó (.) el pago de recursos a favor”.
Durante la investigación se ubicó uno de los presuntos “centros de falsificaciones”, una casa que desde hace más de una década es utilizada por el político, exconsejero del IFE y exoficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante el sexenio del presidente priista Enrique Peña Nieto, Emilio Zebadúa, para distintas actividades.