El primero ha sido el catedrático Ángel Zerpa, arrestado en Caracas por la policía política del presidente.
ContraPunto/Agencias
23 de julio de 2017, Caracas.- El Gobierno venezolano inició durante el fin de semana una nueva ofensiva contra la oposición, que el pasado viernes designó un Tribunal Supremo paralelo para desafiar al régimen de Nicolás Maduro. La primera víctima de esta reacción del chavismo fue el catedrático Ángel Zerpa Aponte, uno de los 33 magistrados nombrados por el Parlamento. Poco después, el presidente venezolano confirmó sus intenciones y aseguró que apresará “uno por uno” a todos los juristas nombrados por la oposición y se les congelarán sus bienes y sus cuentas bancarias. Líderes opositores como Henrique Capriles denunciaron una operación contra toda la nueva Corte Suprema. Los partidos de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) anunciaron para el miércoles una huelga general de 48 horas contra el proceso constituyente impulsado por Maduro.
El jurista Ángel Zerpa fue detenido el sábado por la tarde en Caracas por agentes de la policía política de Maduro. La Fiscalía General de la República confirmó el arresto pocas horas más tarde. Funcionarios del ministerio público acudieron a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) para comprobar el estado del detenido, pero no les fue permitido el acceso.
Zerpa, profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), ambas en Caracas, es uno de los 33 juristas que el Parlamento venezolano —controlado por una mayoría opositora desde enero de 2016, y declarado “en desacato” por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) oficialista el pasado octubre— designó el viernes como integrantes de un nuevo Supremo “paralelo” o “en la sombra”. La medida desafiaba al aparato estatal controlado por el chavismo, que incluye poderes como el judicial y el electoral, a los que el Gobierno ha activado a discreción para intimidar o someter a sus adversarios.
El arresto de Zerpa parecía confirmar la advertencia lanzada el mismo viernes por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo oficial, que advirtió que la toma de posesión de nuevos magistrados era “extemporánea” e irritante. También avisó a los juristas de que podían estar incurriendo en varios delitos, entre otros, el de usurpación de funciones.
Algunos de los recién nombrados magistrados, desde la clandestinidad, expresaron el sábado a periodistas que recogieron sus declaraciones el temor a ser el blanco de arrestos. Por su parte, el líder opositor y dos veces candidato presidencial Henrique Capriles Radonski, gobernador del Estado de Miranda, aseguraba que se trataba del inicio de una redada: “¡Se ordenó al Sebin buscar y detener a los recién nombrados magistrados del TSJ! ¡Y a los detenidos ponerlos a la orden de la Fiscalía Militar!”.
Los partidos de la opositora Mesa de Unidad Democrática emitieron un comunicado de rechazo a la detención. “Esta actuación del Sebin, avalada por anticipado y a ciegas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, es una continuación del golpe de Estado contra la Asamblea Nacional y la Constitución que han perpetrado Nicolás Maduro y los órganos que le están servilmente subordinados”, denunció la oposición.
A lo largo de la jornada de ayer no se informó de nuevos encarcelamientos de magistrados, pero Maduro confirmó durante su programa semanal de la televisión pública las intenciones del régimen. “Esta gente que nombraron [por los jueces del tribunal paralelo], usurpadores que andan por ahí. Todos van a ir presos, uno por uno, uno detrás de otros. Todos van a ir presos y a todos les van a congelar los bienes, las cuentas y todo, y nadie los va a defender”, afirmó el presidente que también está listo para dialogar con la oposición y “llegar a un acuerdo de paz, de convivencia nacional y a un ciclo de diálogo y conversaciones en función de los intereses de Venezuela, única y exclusivamente”.
Mientras las alertas por la posibilidad de nuevas detenciones de jueces se agudizan, la oposición también teme que otro objetivo de los cuerpos de seguridad sea la fiscalía, otro poder rebelde en los últimos meses. El abogado detenido es profesor de la Escuela Nacional de Fiscales, y ha representado a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, durante el proceso que el Tribunal Supremo inició en su contra a finales de mayo por supuestas irregularidades en el desempeño de su cargo.