ContraPunto/Agencias
18 de febrero de 2020, México.- En mayo de 2017, el inmigrante hondureño Kevin Euceda cruzó la frontera hacia Estados Unidos junto con su hermana, quien ya era mayor de edad.
La Patrulla Fronteriza los encontró en Texas después de cruzar el Río Bravo. Deportó a su hermana y envió a Kevin, quien era un adolescente, a un centro juvenil de internamiento en Virgina.
Un terapeuta del refugio gubernamental para niños inmigrantes, le aseguró a Kevin que lo que hablaran durante sus sesiones sería información confidencial.
Kevin le reveló que la pandilla MS-13 lo obligó a ser parte de ésta, y que además fue testigo de asesinatos, desmembramiento de cuerpos y obligado a vender drogas, de acuerdo al The Washington Post.
A pesar de la promesa del terapeuta sobre la confidencialidad, la información llegó hasta agencias federales de Estados Unidos, que expuso a Kevin a una deportación después de estar tres años bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Este intercambio de datos que perjudica al joven hondureño ocurre después de una estrategia de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cual da permiso legal para que la información que salga de una terapia pueda ser expuesta.
Dicha política también exige que se tomen notas durante las sesiones de terapia, ya que pueden ser usadas en contra de los menores en los tribunales.