ContraPunto | Eduardo Santos
2 de julio de 2019.- Llegar hasta las últimas consecuencias es posible cuando existe un daño por parte de las unidades de transporte público, aún y cuando los concesionarios y el Instituto Municipal del Transporte estén envueltos en la corrupción, así lo indicaron Brenda Zavala de la Peña y Daniel Alemán, abogados de la familia de América, joven que perdió la vida, siendo atropellada por una unidad de la ruta 7A.
A un año y medio de los hechos, se ganó el juicio y en la última audiencia estuvo presente la dueña de la concesión, quien reconoció que su operador solo tenía dos cursos de los cinco que marca el reglamento y que incluso ni siquiera fue a recoger sus certificados.
“Justo antes de iniciar el juicio oral nos llega un rumor de que el delegado de la 7A es el que se encarga de dar un apoyo económico a los policías que se encargan del caso, con el objetivo de que los informes no coincidan”.
Destacó que el Instituto Municipal de Transporte sigue coludido con los concesionarios, pues el chofer solo hizo dos capacitaciones de cinco y además no se acudió a recoger los certificados de los mismos.
“Hay una Clara corrupción entre el Instituto municipal de transporte, los concesionarios y los delegados de cada ruta que permiten que los operadores manejen en estas condiciones, deberían ser más estrictos en que tengan toda su papeleria en regla”, destacó la abogada.
Daniel Alemán instó a la ciudadanía a que si son víctimas de un caso similar, tomar el caso hasta las últimas consecuencias, pues don Víctor, padre de América tomó esta decisión, pese a que trataron de convencerlo con 150 mil pesos de por medio, para que desistiera.
Fueron 452 mil 940 pesos los que se fijaron al operador de la ruta de transporte como reparación de daño, más 14 mil pesos de gastos funerarios comprobados, más 60 mil 392 de daño moral y 7 mil 549 pesos como multa que deberá pagar directamente al tribunal.