Contra Punto | Agencia
5 de enero de 2022, Ciudad de México.- La DEA (Administración de Control de Drogas por sus siglas en inglés) en México negó cualquier responsabilidad en los ‘incidentes’ de la llamada masacre de Allende en Coahuila, a pesar del hecho de que sus Unidades de Investigaciones Sensibles (SIU) estuvieron penetradas por el crimen organizado al más alto nivel y su líder entre 2008 y 2016.
La agencia sostuvo que “no hay evidencia” que pruebe que desde el interior de las SIU se filtró la información que llevó a la muerte de cientos de personas en Allende, Coahuila, por parte de sicarios entre el 18 y el 20 de marzo de 2011, publicó el diario Milenio.
Según la DEA, ‘no hubo ninguna evidencia que conecte a la unidad SIU de México y a la oficina de la DEA en el país con los hechos’.
Las respuestas de los agentes entrevistados y las observaciones de los auditores arrojan una nueva luz sobre cómo respondió la agencia antidrogas de EU en 2010 y 2011 e incluso dan cuenta de que también hubo errores en el manejo de la crisis.
La agencia estadunidense admitió que no investigó a fondo el hecho ya que no tiene la autoridad legal para conducir investigaciones criminales en territorio mexicano.
“La DEA enfatizó que no tiene la autoridad legal para conducir investigaciones criminales o administrativas de personal extranjero en territorio extranjero”, argumentó.
La agencia concluyó que “no existe evidencia de que la oficina de la DEA haya notificado a Washington del incidente de Allende”.
La masacre tuvo lugar entre los días 18 y 20 de marzo 2011 en el municipio de Allende, Coahuila. Aquel día, sicarios a bordo de camionetas irrumpieron en el municipio para arrasarlo como castigo por una traición que llevó a la DEA a acercarse a algunos de sus líderes. Destruyeron viviendas y un número indeterminado de personas (entre 45 y 300, según versiones) fue desaparecido.
Las víctimas vinculan estos hechos con el penal de Piedras Negras, convertido en centro de exterminio a cargo de Los Zetas. Actualmente faltan 7 órdenes de aprehensión por ejecutar y ya han sido condenados algunos responsables. Sin embargo, la investigación por las responsabilidades políticas queda pendiente. La FGR se comprometió con las familias pero, a día de hoy, sigue sin iniciar pesquisas.
