ContraPunto
12 de agosto de 2019, Estados Unidos.- El gobierno de Trump emitió una norma este lunes que podría reducir drásticamente la cantidad de inmigrantes legales a los que se les permite ingresar y permanecer en Estados Unidos al facilitar el rechazo de las solicitudes de tarjetas de residencia permanente (también conocida como tarjeta verde o green card y visas).
La regulación, de 837 páginas, es la última ofensiva de la administración contra la inmigración, esta vez, dirigida a inmigrantes legales.
La norma significa que muchos solicitantes de tarjetas verdes y visas podrían ser rechazados si tienen bajos ingresos o poca educación porque se consideraría más probable que necesiten asistencia del gobierno en el futuro. Es efectivo 60 días después de la publicación en el registro federal.
La norma fue impulsada por Stephen Miller, el principal asesor antiinmigración del presidente Donald Trump.
La administración ha dicho que la renovación propuesta de norma de carga pública está diseñada para garantizar que los inmigrantes puedan mantenerse económicamente. Sin embargo, al hacerlo, es probable que sea más difícil para los inmigrantes de bajos ingresos venir a Estados Unidos.
Según las regulaciones vigentes en 1996, el término se define como alguien que “depende principalmente” de la asistencia del gobierno, lo que significa que proporciona más de la mitad de sus ingresos. Pero solo contaba los beneficios en efectivo, como Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o Ingresos de Seguridad Suplementarios del Seguro Social.
Esta sería la medida más fuerte sobre inmigración del gobierno de Trump, dicen expertos. Grupos de derechos humanos han criticado el plan como un esfuerzo por reducir la inmigración legal sin pasar por el Congreso para cambiar la ley.
Los funcionarios pueden tener en cuenta los recursos financieros, la salud, la educación, las habilidades, el estado familiar y la edad del solicitante. Pero pocas personas son rechazadas por estos motivos relativamente estrechos, dijeron los expertos.
Los inmigrantes indocumentados no se verían afectados, a menos que se abra una vía para que soliciten tarjetas de residencia o visas, ya que no son elegibles para recibir ayuda pública.