Ministros votan este lunes proyecto para modificar ley en la materia.
ContraPunto/El Universal
7 de noviembre de 2016, México.- El proyecto de resolución que analizan este lunes los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre los cambios a la Ley del Derecho de Réplica genera preocupación y rechazo por parte de la Socidad Interamericana de Prensa, legisladores, académicos, organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos, así como de grupos de medios nacionales e internacionales, ante las implicaciones negativas para el ejercicio de la libertad de expresión en México en caso de que sea aprobado.
La Corte votará este lunes el proyecto de resolución, elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán, y las acciones de inconstitucionalidad promovidas por PRD, Morena y CNDH contra la Ley del Derecho de Réplica.
El documento propone eliminar los conceptos de información falsa o inexacta de los requisitos establecidos en la ley de la materia para ejercer el derecho de réplica.
De aprobarse, cualquier persona que se sienta agraviada por información publicada en medios de comunicación, sin importar que sea verídica, podrá pedir que se le dé derecho de réplica y de no concederlo de primera instancia, podrá acudir ante un tribunal civil para que un juez obligue a los medios a dar réplica.
En rechazo a esa resolución, organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, el Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de la Televisión y Radio, el Centro Nacional de Comunicación Social, periodistas, los activistas Isabel Miranda de Wallace y Javier Sicilia, y periódicos en América Latina como Nuevo Día, de Perú; El Nacional, de Caracas, y La Nación, de Argentina; así como legisladores se pronunciaron contra el documento del ministro.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Jorge Islas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, dijo que el proyecto de sentencia violenta tratados internacionales de derechos humanos, las jurisprudencias establecidas por la misma Corte y la doctrina de la Organización de los Estados Americanos.
El académico confió en que el proyecto no reúna los ocho votos que se requieren para ser aprobado.