Agencias
19 de mayo de 2020, México. – La Secretaría de Energía publicó el viernes pasado su nueva Política en materia de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que eliminó el criterio de mérito económico para el despacho de energía eléctrica en el país para beneficiar a la generación fósil de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y en la búsqueda de recuperar el monopolio en generación eléctrica sin modificar ninguna ley, por lo menos garantizar la participación mayoritaria de la estatal de manera permanente en la generación eléctrica nacional.
El acuerdo promovido por la Secretaría de Energía pretende elevar la producción de las termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad mediante la quema del combustóleo de las refinerías de PEMEX.
El acuerdo suspende por tiempo indefinido las pruebas preoperativas de proyectos renovables que pretenden ingresar a la red eléctrica, y es el más reciente de una serie de pasos dados por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para asegurar que la CFE se mantenga como la mayor generadora de electricidad en el país, aunque no la más limpia, y que comenzó con la suspensión a finales de 2018 de las subastas para la compra de electricidad de fuentes renovables y el cambio de los lineamientos de los Certificados de Energía Limpia (CELs) para incluir a la generación de las plantas hidroeléctricas de la CFE.
A pesar de contar con el rechazo de las representaciones diplomáticas de 20 naciones de la Unión Europea y Canadá; de que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) expresó que se encarecerá la electricidad en el país.
“Es muy claro lo que está detrás del acuerdo. En el gobierno ya no tienen dónde acomodar o almacenar el combustóleo de las refinerías y se les hace muy fácil vendérselo a la CFE para que produzca electricidad, pero obviamente eso es más caro y es dañino para la salud y el medioambiente”, externó Fernando Belaunzarán, dirigente nacional del PRD.
El también exdiputado federal del PRD lamentó que el presidente López Obrador continúe aferrado a un modelo de desarrollo del siglo pasado donde los combustibles fósiles jugaban un papel preponderante. “Hay una obsesión presidencial en darle un papel al petróleo que ya no lo tiene. Más bien, actualmente, el futuro son las renovables y, si el presidente tuviera visión, impulsaría a este sector”.
Por su parte, Adrián Fernández, de Iniciativa Climática de México, explicó que, aunque bien pareciera que la actual administración insiste en devolver el monopolio a las estatales eléctricas, las condiciones por lo menos en generación de electricidad vuelven imposible esta aspiración, por lo que como ha reiterado la secretaria de Energía, Rocío Nahle, se busca entonces que la proporción de participación sea de 54% de la CFE y el 46% restante de privados.
Con la nueva política de controlar que la jerarquía del despacho no siga criterios económicos sino de potencia o velocidad para entrar en operación, se garantiza que las renovables, que son más baratas y utilizadas por privados, participen cada vez menos en la red nacional, explicó.
“De manera fáctica se pone un tope a la generación renovable que es la que tiene mayor participación privada en el mundo. Se asegura así que se continuará con esta proporción de participación para el futuro”, aseveró.
Con esta medida, aseguró el experto, se vulnera el acuerdo de París porque no sólo no se cumplirá con la reducción de 22% al 2030 con base en el 2015, sino que se aumentarán las emisiones de gases de efecto invernadero, con más generación de energía fósil en el sistema.
“México será así el primer país en fracturar al Acuerdo de París y parece que las autoridades no se dan cuenta de la gravedad de esta decisión”, aseveró Adrián Fernández.
Once meses después de la suspensión de las subastas, en octubre de 2019, el gobierno mexicano cambió las reglas para los Certificados de Energías Limpias (CELs) a fin de que las centrales eléctricas legadas limpias también tengan derecho a recibir CELs por su producción de energía y las publicó en el DOF, pero ante los juicios de amparo promovidos por generadores privados las modificaciones quedaron suspendidas y están en espera de una resolución este 2020.
Los certificados o CELs son la fuente de vida de las empresas privadas de energía renovable en el modelo de transición adoptado por México en la pasada administración, pues la ley señala que las compañías que producen electricidad con fuentes renovables como la eólica y fotovoltaica recibirían estos certificados a lo largo de 20 años en función de cada megawatt-hora producido, a fin de venderlos de manera libre en el mercado a un precio determinado por la oferta y la demanda.
Pero para que el mecanismo funcione, se estableció que las compañías que generan electricidad usando combustibles convencionales, como el gas natural y el combustóleo, tenían que suministrar a la red eléctrica un porcentaje de electricidad limpia o renovable, y ese porcentaje aumenta año con año, de modo que en 2019 era de 5.8 por ciento y en 2020 de 7.4 por ciento, pero podían cumplir con esa obligación haciendo nuevas inversiones en generación renovable, o bien comprando certificados a las compañías de renovables.
Con información de Vanguardia.com