ContraPunto | Eduardo Santos
8 de octubre de 2019. – Con el respaldo del Código Penal de Coahuila, en su artículo 225, la abogada Brenda Zavala de corrigió a Higinio González Calderón, quien informó que la situación en el Jardín de Niños Guadalupe Borja de Díaz Ordaz no había sido violación, argumentando que no hubo penetración.
“Se habla de la violación impropia por instrumento o elemento distinto al natural y se considerará una sanción de prisión de nueve años y multa a quien ilícitamente introduzca parcial o total, por la vía anal o vaginal cualquier elemento o instrumento distinto al pene, sin el consentimiento de la persona”.
La abogada mencionó que, en el mismo artículo, en su fracción tercera detalla que se equipara la violación con una sanción de nueve a 16 años de prisión a quien tenga cópula con alguien sin capacidad para comprender la naturaleza de una relación sexual o de decidir si está de acuerdo o que sea incapaz de resistir la conducta, además si de esto resultan lesiones en la víctima, se considera calificada.
“Si el agente es servidor público, se le sustituirá e inhabilitará de diez a 15 años para desempeñar su cargo, empleo o comisión de cualquier entidad o en sus municipios y cualquiera de los sujetos cualificados serán suspendidos de uno a tres años en el ejercicio de su profesión, oficio o en la clase de actividad en la cual se cometió el delito”.
Mencionó que, también en el Código Penal se establece que, si el delito se comete dentro del inmueble público, centro deportivo, cultural, religioso o de cualquier naturaleza social, como en este caso, una escuela, hay agravantes.
“En el artículo 229 habla de los delitos cometidos hacia el desarrollo psico sexual de las personas menores de edad, en la fracción segunda de la violación impropia, en persona menor de 15 años, donde vuelve a decir lo del instrumento distinto al pene, introducido por la vía anal o vaginal”.
OMISIÓN AL DENUNCIAR
La abogada, destacó que en el artículo 232 viene otra agravante pues habla de la procuración sexual a menores de 15 años y en el 233 se indica la omisión de denuncia con respecto a este delito y le atañe directamente a los maestros o las personas que estuvieron ahí, pues hay sanción de tres meses a tres años de prisión y multa a quien conozca este tipo de conductas y no las denuncie ante el Ministerio Público.
“El artículo 233 sí aplica para los maestros y la directora del plantel, que, si bien, tuvieron conocimiento del hecho, no acudieron a denunciarlo y les correspondía a ellos hacerlo”.
La Secretaría de Educación también tiene responsabilidad, pues cuando llegan menores violentados a la escuela, tiene la facultad y obligación de llamar a la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia, para que les dé seguimiento y atención.
“En este caso de los menores, se ocultó el acto y existe una responsabilidad penal para los maestros, según el artículo 233”.
‘SI HIGINIO NO HA HECHO NINGÚN TRÁMITE ADMINISTRATIVO, ÉL ES EL RESPONSABLE’…
La Ley General de Educación también les afecta a los maestros, ya que según el capítulo 8 es causa de sanción: “ocultar a los padres o tutores las conductas de sus alumnos que notoriamente deban ser de su conocimiento”.
“¿Ya se inició un procedimiento interno en contra de los maestros y directivos? Porque esa, sí es facultad de la Secretaría de Educación y si no lo ha hecho, está cayendo en una omisión que debe ser sancionada por Gobierno del Estado, es decir, si Higinio González Calderón no ha hecho ningún procedimiento administrativo, él es el responsable”.
La abogada insistió en que además de la responsabilidad civil en la que recae el Estado, con la Secretaría de Educación y los maestros, se aplica el delito penal para el personal educativo.
“Veremos si Pronnif solicita la vinculación a proceso de esos maestros, por el delito penal mencionado en el artículo 233”, finalizó.
