Agencias/ContraPunto
22 de noviembre de 2017, Ciudad de México.- Académicos del Colegio de México presentaron una investigación sobre la forma en que el cartel de Los Zetas, controló el norte de Coahuila entre el 2010 y 2011 el cual, incluía el control total del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Piedras Negras.
Denominado “El Yugo Zeta”, documenta la vida y muerte al interior del penal y el subsidio presupuestal que este recibía por parte de la federación y del gobierno del estado. Durante 2011 los recursos destinados a las cárceles de Coahuila fueron de 135 millones de pesos.
En conferencia, el investigador Jacobo Dayán manifestó que de acuerdo a la magnitud de los hechos, no sólo participaron de forma directa un gran número de personas (zetas), sino, que éstas recibieron el apoyo y la colaboración de agentes del estado, mismos que tuvieron omisiones en tanto lo ocurrido.
Según los reportes realizados por los investigadores, entre el 18 y 22 de marzo del 2011, Los Zetas desencadenaron una venganza en toda la región, la cual, incluyó al municipio de Allende, donde se registraron decenas de desapariciones.
Por su parte Adriana García, de la asociación, Familias Unidas búsqueda y localización de personas desaparecidas, indicó que al momento de lo ocurrido, elementos de la marina y la Sedena, así como la policía federal, no brindaron el apoyo a las familias de los desaparecidos.
Según informan los investigadores responsables Jacobo Dayán y Segio Aguayo, la venganza del 2011 fue responsabilidad de la DEA y de la Policía Federal ya que se niegan a revelar la identidad de los responsables.
Estas organizaciones informaron a Los Zetas, que en sus círculos cercanos se había dado una traición al filtrar información y huir con millones de dólares. La primera reacción fue iniciar dicha venganza contra todo lo que fuera cercano a dichos traidores, expresó Dayán en conferencia.
Entre las recomendaciones que los investigadores hicieron al estado mexicano, está el garantizar la gobernabilidad y derechos humanos en los diferentes centros penitenciarios, sancionar a los responsables de los ilícitos, garantizar el derecho a la verdad y otorgar reparaciones de conformidad con los estándares internacionales.